La delincuencia organizada supera a las guerras en homicidios anuales, advierte la ONU
  • Desde el año 2000, las redes criminales han provocado en promedio 95 mil muertes al año en el mundo, según la ONU.
  • América Latina concentra una de las mayores incidencias de violencia vinculada al crimen organizado, donde cerca de la mitad de los homicidios están relacionados con estas estructuras.
  • La ONU alerta sobre el crecimiento de delitos digitales y financieros, considerados cada vez más atractivos para las organizaciones criminales.

La violencia criminal alcanza niveles comparables a los conflictos armados

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) alertó que la delincuencia organizada se ha convertido en una de las principales causas de muertes violentas a nivel global, superando incluso el impacto de los conflictos armados durante las últimas dos décadas.

De acuerdo con Giovanni Gallo, responsable de Control de Drogas y Prevención del Crimen de la ONUDD, las organizaciones criminales han provocado un promedio de 95 mil homicidios anuales desde el año 2000, una cifra ligeramente superior a las 92 mil muertes registradas por conflictos bélicos en el mismo periodo.

Los datos forman parte de un estudio elaborado con motivo del 25 aniversario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

“Desde el año 2000 hasta hoy, el crimen organizado ha provocado unas 95 mil muertes al año en el mundo, una cifra comparable a la de las guerras”, señaló Gallo.

Muertes vinculadas al crimen suelen pasar desapercibidas

Según estimaciones de la ONUDD, cada año se registran en promedio 430 mil muertes violentas en el mundo. De ellas, 95 mil están relacionadas con el crimen organizado, 92 mil con conflictos armados y alrededor de 16 mil con actos terroristas.

El especialista explicó que gran parte de los homicidios asociados a organizaciones criminales suelen percibirse como hechos aislados, lo que reduce la atención pública sobre la magnitud del fenómeno.

“La mayoría de estas muertes están relacionadas con tiroteos, por eso, probablemente reciben menos atención, hay una menor percepción de su gravedad y se les concede menos relevancia. Se tiende a pensar que es un problema entre grupos criminales y no es el caso”, indicó.

América Latina, una de las regiones más afectadas

La ONU identifica a América Latina como una de las regiones donde la violencia ligada al crimen organizado tiene una mayor presencia.

De acuerdo con el organismo, aproximadamente la mitad de los homicidios intencionales registrados en la región están relacionados con actividades de grupos criminales.

Entre los factores que favorecen esta situación se encuentran la debilidad institucional en algunos países, los altos niveles de desigualdad, la disponibilidad de armas de fuego y la disputa por mercados ilícitos altamente rentables, como el tráfico de cocaína.

Impacto económico además de social

La ONUDD advirtió que los efectos del crimen organizado no se limitan a la seguridad pública, sino que también generan consecuencias económicas significativas.

En América Latina y el Caribe, el costo asociado a estas actividades representa alrededor del 3.4% del Producto Interno Bruto (PIB) regional.

Asimismo, datos citados por el organismo muestran que un incremento de 10% en la cobertura mediática relacionada con la criminalidad suele estar asociado posteriormente con una caída de 2.5% en la producción industrial.

Para Gallo, existe una relación directa entre el aumento de la violencia y la desaceleración económica, lo que convierte a la delincuencia organizada en un obstáculo para el desarrollo de los países.

Del narcotráfico a los delitos digitales

Aunque el narcotráfico continúa siendo la principal fuente de ingresos ilícitos a nivel mundial, la ONU advierte que las organizaciones criminales han diversificado sus actividades en los últimos años.

Entre los delitos que registran mayor crecimiento destacan los fraudes digitales, las estafas en línea y diversas modalidades de criminalidad financiera.

Estas actividades representan una oportunidad atractiva para las redes delictivas debido a que generan elevados beneficios económicos y, en muchos casos, enfrentan menores riesgos de persecución penal.

“El crimen organizado siempre busca el mayor beneficio con el menor riesgo posible”, explicó Gallo al referirse al aumento de los delitos cibernéticos.

Cooperación internacional, clave para enfrentar a las redes criminales

La ONUDD señaló que la globalización y el avance tecnológico han permitido que las organizaciones criminales operen con mayor facilidad a través de fronteras, movilicen recursos financieros de manera más rápida y oculten mejor el origen de los fondos ilícitos.

Ante este escenario, el organismo consideró indispensable fortalecer la cooperación entre gobiernos, instituciones financieras y el sector privado para combatir estas estructuras.

Además, destacó la importancia de realizar investigaciones financieras paralelas a las investigaciones criminales, una estrategia enfocada en rastrear y confiscar los recursos económicos obtenidos mediante actividades ilícitas.

“Seguir el dinero significa realizar investigaciones financieras en paralelo a las investigaciones criminales, persiguiendo no solo a los delincuentes, sino también los beneficios que generan”, concluyó el especialista.

Reportan indagatorias de EU contra Alfonso Durazo y Américo Villarreal por presuntos nexos criminales
  • Un reporte periodístico asegura que autoridades estadounidenses mantienen investigaciones sobre los gobernadores de Sonora y Tamaulipas.
  • La información señala que ambos habrían perdido sus visas, aunque ingresarían a EU mediante un permiso especial.
  • Los gobiernos de Sonora y Tamaulipas negaron las acusaciones y afirmaron que no existe evidencia que las respalde.

Reporte vincula a gobernadores con investigaciones en Estados Unidos

Una investigación periodística difundida por medios estadounidenses señala que el gobierno de Estados Unidos mantiene indagatorias contra los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

De acuerdo con el reporte, Durazo sería investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado, mientras que la pesquisa relacionada con Villarreal estaría enfocada en supuestas actividades vinculadas al tráfico ilegal de combustible, conocido como huachicol.

Los periodistas Steve Fisher y Kate Linthicum afirman que Durazo, de 71 años, figura entre los funcionarios mexicanos de más alto perfil que actualmente estarían bajo escrutinio de autoridades estadounidenses.

Señalan cancelación de visas y uso de un permiso especial

Según fuentes consultadas por los reporteros, la visa estadounidense de Alfonso Durazo habría sido revocada desde el año pasado como parte de una investigación penal en su contra.

No obstante, la publicación sostiene que tanto Durazo como Villarreal continúan ingresando regularmente a territorio estadounidense mediante un mecanismo denominado Significant Public Benefit parole (Libertad Condicional por Beneficio Público Significativo).

De acuerdo con la investigación, este programa permite que personas extranjeras puedan ingresar a Estados Unidos para colaborar con autoridades o comparecer ante un gran jurado.

Los reporteros explican que:

“El programa, conocido como Significant Public Benefit parole, permite a no ciudadanos testificar ante un gran jurado para mitigar las consecuencias de cargos actuales o pendientes contra ellos u otros”.

Asimismo, el reporte indica que Durazo viajaría frecuentemente a Estados Unidos para recibir atención médica especializada bajo este esquema.

Investigación contra Villarreal estaría relacionada con huachicol

Respecto al gobernador de Tamaulipas, la publicación sostiene que las pesquisas estarían relacionadas con operaciones de contrabando de combustible.

Una fuente citada por los periodistas aseguró que Villarreal también cuenta con el permiso especial de ingreso y que, durante algunos de sus cruces a territorio estadounidense, sería acompañado por funcionarios de ese país.

Antecedente: el caso de Rubén Rocha Moya

La investigación recuerda que recientemente un gran jurado en Nueva York emitió acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, situación que derivó en una solicitud de extradición por parte del gobierno estadounidense.

En el sistema judicial de Estados Unidos, los grandes jurados analizan información presentada por fiscales federales para determinar si existen elementos suficientes para formular cargos formales y emitir órdenes de arresto.

Sheinbaum habría advertido sobre posibles actos de injerencia

El reporte también menciona una reunión celebrada en mayo entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Markwayne Mullin.

Según los periodistas, durante ese encuentro el funcionario estadounidense habría expresado el interés de la administración de Donald Trump en que Rocha Moya fuera enviado a Estados Unidos.

La publicación señala que Sheinbaum respondió que cualquier decisión respecto al gobernador sinaloense corresponde a las instituciones mexicanas y habría advertido que nuevas acusaciones contra autoridades electas podrían interpretarse como una intervención política en asuntos internos del país.

Gobiernos de Sonora y Tamaulipas niegan acusaciones

Tras la difusión del reportaje, el Gobierno de Sonora rechazó categóricamente la información.

La titular del Sistema Estatal de Comunicación Social, Paloma Terán Villalobos, afirmó:

“Es completamente falsa la información publicada por el medio Los Angeles Times respecto del gobernador Alfonso Durazo Montaño. El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Rechazamos categóricamente cualquier señalamiento sin sustento y reiteramos nuestro compromiso con la verdad y la transparencia”.

La funcionaria sostuvo que Durazo mantiene vigente su visa y aseguró que no existe ninguna notificación oficial de investigación por parte de autoridades estadounidenses.

Por su parte, el gobierno de Tamaulipas también rechazó los señalamientos. El coordinador de Comunicación Social de la entidad, Gerardo Algarín, aseguró que las acusaciones carecen de sustento documental.

“No hay documentos, expedientes, resoluciones ni evidencia verificable que acredite lo publicado. Nadie puede convertir rumores, versiones anónimas o especulaciones en hechos”.

Asimismo, Américo Villarreal manifestó a los reporteros que todas las acusaciones en su contra son falsas y que ha desempeñado su labor pública con apego a la legalidad, transparencia y responsabilidad.

Sin confirmación oficial del Departamento de Justicia

Hasta el momento, no existe información pública difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos que confirme formalmente investigaciones o acusaciones penales contra Alfonso Durazo o Américo Villarreal.

Las administraciones estatales de Sonora y Tamaulipas sostienen que los señalamientos se basan en versiones sin evidencia pública y rechazan cualquier vínculo de sus gobernadores con actividades ilícitas.